EFE (24/05/2005) Millones de personas, a petición propia o de oficio, serán evaluadas individualmente en sus hogares para poder conocer su grado de dependencia y determinar qué ayuda precisan, un proceso que arrancará una vez aprobada la Ley de la Dependencia, dijo hoy el director general del IMSERSO, Angel Rodríguez-Castedo. El director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que compareció ante la Comisión No Permanente de la Discapacidad del Congreso en relación al Libro Blanco de la Dependencia, explicó que habrá "un alto número de revisiones a realizar, básicamente al principio, al aprobarse la ley, por la gran cantidad de personas" que querrán acogerse a los nuevos derechos regulados. Uno de "los problemas más relevantes de la ley será que no se bloquee el proceso de su puesta en marcha a causa del enorme volumen de personas a valorar", opinó. Por otro lado, el responsable indicó que cualquiera que sea el modelo de protección que finalmente se configure debe definir "claramente el umbral de entrada en el sistema y la forma de graduar el nivel de dependencia y, como consecuencia, la cuantía de las prestaciones o la intensidad y frecuencia de los servicios de atención". Además, "la valoración de la dependencia requiere de la aplicación de un baremo, que deberá aprobar el Gobierno con el rango de normativa básica, a través del cual se discrimine por criterios objetivos" el nivel de dependencia de las personas (en España se cifra en algo más de 1,1 millones el número de afectados). En estos momentos dicho baremo ya está elaborado y está siendo validado por una serie de expertos, indicó. También será necesario determinar quién debe hacer la valoración, que de acuerdo con el Libro Blando de la Dependencia debería recaer en "equipos 'ad hoc' con personal de servicios sociales y del ámbito sanitario". Después "habrá una baremación de los datos en una escala estatal de valoración de la dependencia y un cribado y convalidación de las valoraciones por un sistema estatal informatizado que garantice la uniformidad y equidad de las prestaciones" del ciudadano, con independencia de donde residan. Rodríguez-Castedo explicó asimismo que una de las ratios en las que España está más alejada de los países europeos es la relativa a la ayuda a domicilio, por lo que abogó por incluir en la ley "un plan de choque, de calidad, que no se limite a la mera limpieza del hogar". Actualmente, hay "muy poca" asistencia en domicilio, alrededor de 210.000, informó Rodríguez-Castedo, quien pidió un "paso más" en la calidad de este servicio, de modo que incluya cuidados personales y algún componente sanitario. Respecto a la financiación del sistema, el director general del IMSERSO indicó que debe "partir de la financiación ya existente, del volumen de recursos que ya está dentro, y habría que ir incorporando las cantidades que procedan de la reordenación y de la optimización interna de los recursos existentes". En este sentido, puso el ejemplo de que el coste de un enfermo crónico en una cama hospitalaria ronda los 360 euros al día, una cantidad que desciende a los 60 ó 65 euros si esa misma persona es atendida por profesionales de alta cualificación de los servicios sociales. "En estos momentos hay un acuerdo básico, sin concretar (entre comunidades autónomas, movimiento asociativo y ayuntamientos) acerca de que las tres administraciones tienen que contribuir con recursos y sobre la coparticipación del usuario", manifestó. Aún falta por determinar el porcentaje de la coparticipación, que dependerá de la renta de la persona y, si no tiene recursos, tendrá garantizado el acceso, explicó.

 

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