Punto radio (14/12/2004) El juez José Manuel Niño, titular del juzgado número 1 de Avilés (Asturias), autorizó ayer la interrupción del embarazo a una mujer de 27 años que se encuentra en el sexto mes de gestación, en un caso polémico en todos sus términos y en el que no trascendieron las motivaciones finales que han llevado al magistrado a adoptar esta decisión. El juzgado número 1 de Avilés declaró incapaz a la mujer, discapacitada psíquica, el pasado viernes, a instancias de sus progenitores, que solicitaron la autorización judicial para la interrupción del embarazo. Al parecer, la joven sabe que está embarazada, pero desconoce la trascendencia real de su situación, dado que según diversas fuentes tiene la mentalidad de una niña de tres años. Un dato adicional con el que el juez ha contado para adoptar su decisión es el informe de los forenses, en el que se estima que la joven podría sufrir gravísimos daños psicológicos en el caso de que el embarazo continúe de forma normal y llegue al parto, una situación para la que no la consideran habilitada. Al parecer, el juez también ha recibido información de la clínica a la que los padres de la joven acudieron en la que se afirma que existe un riesgo cierto de que el feto haya desarrollado malformaciones. La decisión ha tenido que adoptarse con toda celeridad, dada la urgencia con la que tendrá que realizarse la intervención quirúrgica. En su lucha por obtener la autorización, los padres de la joven habían superado otro obstáculo previamente, al lograr que no se tuviera en cuenta la petición de la Asociación Asturiana en Defensa de la Vida (Adevida), que intentó personarse con el fin de designar un defensor para el nascituro y evitar el aborto. Una vez obtenida la autorización, los padres de la joven tendrán que encontrar una clínica dispuesta a acometer una operación que, según fuentes médicas, conlleva riesgos ciertos para la vida de la propia embarazada. El juzgado también investigó si la joven pudo haber sufrido algún tipo de abusos sexuales en el centro de asistencia en el que estaba internada hasta ahora, aunque por el momento no ha trascendido si dicha pesquisa se ha resuelto en sentido positivo. En todo caso, la familia acusa de forma directa al centro asistencial de haber ocultado el estado de la joven y de no haber arbitrado medidas que evitasen su embarazo. Esta circunstancia también ha influido en el desarrollo de este caso, pues los peticionarios argumentaron que la joven no fue consciente de su estado durante los primeros meses del embarazo, motivo por el cual ni ella ni sus padres pudieron actuar legalmente dentro del plazo establecido para solicitar la interrupción del embarazo. Otras fuentes aducen que el embarazo podría haberse originado por la relación de la joven con otro interno del centro asistencial, en cuyo caso no cabría la argumentación de que habría sido víctima de un delito contra la libertad sexual. Precisamente, esta posibilidad fue la que originó la petición de que la joven fuera declarada incapaz de decidir sobre su propio futuro y el de su hijo Información recogida de punto radio del día 14 de diciembre de 2004 Notas: Artículo realizado O. Villa

 

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